Desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió complicarnos a todos la vida abriendo la veda de las reformas estatutarias, esto se ha convertido en una competición al más puro estilo olímpico del citius, altius fortius (más rápido, más alto, más fuerte) en la que cada Comunidad Autónoma aporta su propia inventiva al servicio de la creatividad estatutaria.
Cataluña decidió hacer como si la Constitución no existiera y jugar la baza que en bandeja les sirvió el Presidente Zapatero: “aprobaré lo que salga aprobado del Parlament de Cataluña”, ¡no querías caldo pues toma dos tazas!.
Aragón, por su parte, se inventó el concepto de reserva hídrica guardándose para sí nada menos que 6.550 hm3 de agua proveniente de sus cuencas para garantizar el desarrollo y sostenibilidad presentes y futuros de los aragoneses. Aquella medida fue pactada y votada por todos los partidos del Parlamento Aragonés y no pareció enfurecer demasiado a nadie pese a que supuso la certificación definitiva del fallecimiento del no nato trasvase del Ebro.
Lo de Castilla La Mancha fue un intento de reproducir el modelo aragonés mediante un pacto PP-PSOE que volvía a incluir el concepto de reserva hídrica. Afortunadamente para los valencianos y murcianos, esta vez no “ha colado” porque ya había un trasvase en marcha y una dependencia económica y social del mismo de muy difícil reparación en caso de desaparecer. En este caso, la falta de sentido de Estado de las dos fuerzas políticas mayoritarias ha sido tan patente como para lograr enfrentar a tres Comunidades entre sí y demostrar que sus decisiones sólo responden a meros cálculos electorales. Pueden hacer cuantos actos de catarsis colectiva quieran, como el celebrado en Orihuela con la presencia de Ramón Valcárcel y Francisco Camps, pero la verdad es tozuda y resiste siempre ante la demagogia y el populismo chabacano.
Pero no se pierdan lo mejor: la Comunidad Valenciana optó por llevar a nuestro Estatuto la famosa cláusula Camps, obra cumbre del victimismo endémico de los populares valencianos y cuya utilidad parecen querer comprobar desde el Gobierno valenciano una vez se pronuncie el TC sobre la constitucionalidad del articulado catalán. Vean si no las manifestaciones del Conseller Serafín Castellano al respecto: "El Gobierno valenciano no va a consentir que se menoscabe ni un solo derecho de los valencianos y mucho menos que el Gobierno socialista conceda a otras Comunidades lo que niega a la Comunitat Valenciana". ¿Qué hará nuestro Presidente Camps?, ¿pedirá una reserva hídrica del Júcar de 6.550 hm3?, ¿solicitará la inclusión del término nación valenciana en el Título Preliminar?...
Gestionar un país no consiste en darle a todo el mundo lo que pide, parte de la labor de un gobernante consiste en identificar necesidades, priorizarlas y solventarlas aunque ello conlleve sacrificios. Continuar esta espiral estatutaria con la connivencia de socialistas, populares y nacionalistas nos hará muy difícil a los españoles en el futuro solucionar nuestros problemas de manera adecuada, ocurran éstos en Valencia, en Galicia, en Cataluña o en las Islas Canarias.
Pedro Deltell
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