Durante los últimos meses, la guerra interna que mantiene el Partido Popular en la Comunidad Valenciana libraba una de sus batallas a cuenta de la posible fusión de CAM y Bancaja. Para los técnicos y conocedores del mercado financiero se trataba de una polémica absurda: nunca podría haber fusión entre ambas entidades por razones obvias de eficiencia, coste laboral y concentración de riesgos.
Sin embargo, con los plazos que marcaba el Banco de España a punto de expirar, la situación ha acabado resolviéndose de la forma más lógica: la integración de ambas en estructuras financieras de ámbito territorial distinto. Era lo que tocaba, no había otra, pero nuestros gobernantes autonómicos han demostrado una vez más permanecer al margen de la racionalidad y del sentido común en aras de defender sus cuotas de poder.
Causa cierto estupor escuchar ayer mismo a nuestro Presidente Camps en sede parlamentaria defender la integración en los SIP de ambas Cajas valencianas como la mejor solución posible y vendiéndonosla a los electores casi como una fórmula diseñada por su propio Consell, sobre todo cuando meses atrás el mismísimo Conseller de Economía decía textualmente que no acceder a la fusión CAM-Bancaja “sería irresponsable para el Gobierno valenciano e irresponsable para los órganos de administración de las distintas cajas”. Es difícil encontrar un ejemplo más ilustrativo de la irresponsabilidad de quienes nos gobiernan, aunque empieza a ser algo habitual esa sensación de que realmente toman por estúpidos a los ciudadanos.
A falta de más datos y de un seguimiento de los respectivos procesos de integración en los ya famosos SIP, en UPyD no podemos sino valorar positivamente ambas operaciones. El hecho de que se hayan impuesto razones técnicas sobre intereses políticos siempre es una buena noticia y ello redunda en la línea programática que nuestro partido ha venido defendiendo constantemente: el reparto de cuotas políticas en los Consejos de Administración de las Cajas de Ahorro era un lastre para su eficiencia y para su capacidad de enfrentar situaciones críticas como las actuales. Es necesario, pues, un cambio radical en la legislación autonómica y estatal en aras de mejorar su eficiencia, las reoriente a los fines sociales que motivaron su creación y saque a los políticos de sus órganos rectores.
Sí nos preocupa, y mucho, el eventual coste laboral que implican operaciones de este tipo. De momento sólo hay porcentajes y cifras orientativas acerca de los despidos y prejubilaciones que están al caer, pero conviene recordar que cada una de las unidades que conforman esas grandes cifras supone una familia, un proyecto de vida, una serie de situaciones personales que deben ser protegidas. Esperamos que los respectivos Consejos de las Cajas, los sindicatos y el Gobierno español sepan conducir este delicado proceso para minimizar el impacto social. Un impacto que, por otro lado, hubiera sido con total seguridad mucho más traumático de haberse llevado a término los planes de nuestros políticos regionales: es fácil imaginar qué hubiera pasado en el caso de que CAM y Bancaja se hubieran integrado entre sí o si lo hubieran hecho con Cajas vecinas con las que comparten implantación.
Por otro lado, conviene recordar de qué barros vienen estos lodos: tanto la CAM como Bancaja han sido en sus estrategias de negocio un fiel reflejo de la política económica del Consell: ladrillo, ladrillo, ladrillo y grandes proyectos. Ambas Cajas han generado tal cantidad de activos inmobiliarios en sus balances (en todas sus formas: hipotecas, daciones en pago, refinanciaciones, ejecuciones hipotecarias,…) que las exigentes normas relativas a las dotaciones que marca el Banco de España comprometían seriamente su viabilidad presente y futura. Y no hablemos de la viabilidad de grandes proyectos autonómicos financiados por estas Cajas, en cuyos sillones de mando, recordemos, se sentaban las mismas personas que luego se hacían la foto el día de la inauguración.
Lo que los valencianos necesitamos no son entidades de marcado carácter regionalista que tengan sus sedes en la Comunidad ni que estén gobernadas por políticos locales, lo que necesitamos son entidades financieras fuertes y solventes, independientemente de dónde tengan su sede social, que tengan capacidad financiera suficiente como para contribuir a que el crédito fluya a donde tiene que ir: a las pequeñas y medianas empresas, principales generadoras de empleo y riqueza.
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